La indignación generalizada contra la forma de oposición llevada a cabo contra el gobierno del ex presidente Pedro Castillo es justa. Hubo componentes racistas, despreciativos que no tenían que ver con lo que hiciera o dejara de hacer su gobierno sino con su persona, con sus orígenes, con lo que representa.

El gobierno de Pedro Castillo será motivo de polémica, porque hay los que piensan que no cumplió con las expectativas de sus electores, y otros que lo defienden. Pero en este momento no está en juicio el gobierno de Castillo, sino la acción de sus opositores en el Congreso de la Republica que merecen el rechazo de la mayoría de la población.

Por eso, tras producirse la vacancia del entonces presidente de la república, la población quedó indignada, porque la mayoría sabe que también deben irse los congresistas que, salvo pocas excepciones, han actuado en contra de los intereses de las mayorías, para atender intereses particulares y agrediendo de manera permanente al poder ejecutivo, sin darle tiempo, desde el inicio, a ejecutar lo que se propusiera.

Y entonces, hoy, una gran cantidad de peruanos, representantes de las mayorías nacionales, están en las calles exigiendo la disolución del Congreso de la República, y pidiendo a la presidenta por sucesión Dina Boluarte, su dimisión.

Estas demandas son atendibles, y si es lo que la población reclama, deben ejecutarse. Sin embargo, hay que saber cómo lograr que se atiendan esas demandas.

Ojo con esto: No se puede eliminar el poder legislativo sin mayor trámite, ni la presidencia de la república tampoco. Ese vacío será de inmediato llenado por alguien. Si se van ambos, como no hay congreso, la persona que ocupe la presidencia de la república - obligación que le tocaría a la actual presidenta del poder judicial - se convertiría en una dictadora. Es difícil pensar que tanta movilización y esfuerzo popular, sean para llegar a esa situación.

PERO HAY UN CAMINO PARA DAR SENTIDO A LA LUCHA

Esta información es importante. Desde el 1ro de Diciembre de 2022 ha sido aprobado un dictamen de la Comisión de Constitución del mismo Congreso de la República, y que aprueba el adelanto de elecciones y el acortamiento del periodo presidencial y legislativo de los funcionarios electos en las elecciones generales de 2021.

Es decir que acorta hasta julio de 2023 el periodo de la función del presidente de la república, vicepresidente de la república, de los congresistas de la república y de los parlamentarios andinos.

El texto dice lo siguiente:

“El Presidente y la Primera Vicepresidenta de la República elegidos en las Elecciones Generales 2021, concluyen su mandato el 28 de julio de 2023. Los Congresistas de la República y los Parlamentarios Andinos elegidos en el mismo proceso electoral culminan su representación el 26 de julio de 2023. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los artículos 90 y 112 de la Constitución Política. El Presidente de la República convoca a Elecciones Generales 2023, las que se llevan a cabo en un plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la presente ley.”

¿QUÉ HACER?

Para que esa ley se apruebe, se requiere de dos legislaturas, es decir dos periodos de sesiones parlamentarias. Ojo: la actual legislatura está por concluir.

Las movilizaciones deben centrarse en estos objetivos:

1. Obligar al presidente del Congreso de la República a poner a debate el proyecto de ley sobre adelanto de elecciones antes que culmine este período legislativo.

2. Presionar para que los congresistas aprueben el proyecto de ley aprobado sobre adelanto de elecciones en esta legislatura.

3. Presionar para que la mesa directiva del Congreso de la República convoque a legislatura extraordinaria en enero a mas tardar, con la siguiente agenda:

a. Aprobación por segunda vez, como manda la ley, del proyecto de ley sobre adelanto de elecciones.

b. Modificación de las reglas electorales, modificando las formas de distribución de los votos (que hoy otorga mayorías extraordinarias en el congreso a quienes no las tuvieron en votación), eliminar la obligación de ser militante de partido para ser candidato, mayor facilidad para el registro de organizaciones políticas, cuota para poblaciones indígenas en el parlamento nacional, y otras.

4. Traslado inmediato de la ley de adelanto de elecciones aprobada a la presidenta de la república para que lo firme y sea ley.

5. Movilización general para que la presidenta de la república convoque, a la brevedad, a elecciones generales de presidente de la república, vicepresidentes de la república, congresistas de la república y parlamentarios andinos en un plazo no mayor a cuatro meses.

Solo si logramos este objetivo, todo sacrificio popular no habrá sido en vano.