La campaña contra el maltrato a las mujeres, contra el feminicidio en su grado más extremo, tiene un alto componente ideológico cultural – el machismo –, pero sería un grave error si suponemos que todo el problema se limita a eso. Leo sobre el caso del asesinato de María Elena del Carmen Chumbimune y me queda claro que el asesino Erick Espinala, que tenía denuncia previa por una situación similar de agresión con intento de violación y asesinato, es una persona con algún tipo de trastorno obsesivo-compulsivo e incapacidad para soportar frustraciones, como la que debe haber sentido ante la negativa recibida de sus víctimas a su oferta de sexo consensuado.

No se trata para nada de rebajar la culpabilidad de nadie, los especialistas dirán qué es lo que corresponde con estas personas que – ciertamente – no pueden andar sueltas, como si nada, por la calle. Pero, es el caso que si no asumimos que se trata también de problemas de salud mental, y no se asume la decisión de tomar medidas preventivas en este sentido, poco podemos esperar como resultado positivo. Y estas cosas continuarán ocurriendo, aunque hagamos marchas todo el año.

Los problemas de salud mental nos acompañan cotidianamente. Uno de cada cinco limeños tiene algún problema de ese tipo, llámese depresión, esquizofrenia, ansiedad, alcoholismo, drogadicción, o problemas de conducta como psicopatía y otros casos de trastornos de la personalidad. Allí están, y constituyen el origen de fracasos, de dificultades invisibles a ojos de los demás pero que no solo afectan a los que las sufren, sino a sus entornos cercanos.  

Todo núcleo familiar que se ve obligado a convivir con personas con alguna dolencia mental, se ve asimismo afectada. Es un drama inevitable. Porque aun cuando el caso tenga como consecuencia relaciones familiares complicadas y que generan obstáculos para todos, ¿cómo va nadie a desentenderse de quien se ama? La convivencia con un familiar con salud mental afectada se parece a un infierno obligatorio. Y, por ahora, sin salida.

Si bien son muchas las situaciones en que la carga es relativamente pasiva, aunque no menos dolorosa, también son muchos los casos que derivan en violencia intrafamiliar, o conflictos fuera del hogar que rebotan en la vida familiar tras afectar a terceros.

Hasta este momento del año 2016 ya hay registrados 8312 casos de violencia física, emocional y sexual contra niños, niñas y adolescentes en todo el país. Es un incremento de 357 casos para el mismo lapso que en 2015 y de 2272 con respecto a 2014. Todos los especialistas saben que las denuncias por agresiones contra menores o los casos del 70% de mujeres peruanas que ha sido maltratada alguna vez con violencia – física, sexual o psicológica – por su pareja, tienen que ver en su mayor parte con agresores que requerían tratamiento psiquiátrico.

El incremento en el consumo de drogas duras y de alcohol, presentes en casi la mitad de los casos de agresiones físicas, agrega al número de personas que requieren ser tratadas. Pero todas ellas nunca pudieron acceder a tratamiento – o lo fueron deficientemente – por ignorancia, por falta de recursos o por ausencia de posibilidades de atención (en lo que el Estado es responsable).

Estamos, entonces, ante un problema que desborda el ámbito cerrado de lo personal para abarcar también a lo que preocupa prioritariamente a todos sobre seguridad ciudadana, un asunto que en el terreno de las grandes decisiones políticas suele reducirse a más policías en las calles, o acaso organizar a los vecinos – que es la última posibilidad, si acaso alguna vez lo fuera. Es decir, mucho voluntarismo y poca decisión técnica, poca visión de conjunto del problema. 

La seguridad ciudadana tiene que ver, además de la represión, con inteligencia policial, con ordenamiento urbano (particularmente cuando se unen carencias graves y hacinamiento), con políticas que contribuyan a la equidad social, y también con políticas de salud mental eficaces que son sumamente importantes.

Si bien todo esto pareciera teóricamente de consenso y hasta de sentido común, en la práctica se actúa al revés. Y en el caso del la salud mental sorprende que luego de un buen inicio durante el gobierno de Humala que tuvo la iniciativa de proveer por primera vez de un magro presupuesto, pero dinero al fin, al área de salud mental del Servicio Integral de Salud (SIS) – 64 millones asignados en 2015 – lo que permitió al sector plantear la creación de veintiún necesarísimos Centros de Atención Comunitaria de Salud Mental en todo el país, este presupuesto se redujo drásticamente luego a apenas 18 millones de soles. Las necesidades de esta área habían hecho a los responsables planificar un gasto de 82 millones, incluso, y como respuesta recibieron este recorte que redujo a una cuarta parte sus expectativas.  

Y las de todos. Es gravísimo, porque como vemos no solo estamos hablando de dramas de personas con pocos recursos para este tipo de tratamientos, sino que también de seguridad ciudadana. Los ministros del Interior y de la mujer del nuevo gobierno, debieran unirse al ministro de salud para reclamar y corregir este desatino.  

Habría que decirles a los burócratas del MEF y del Ministerio de Trabajo, además, que las situaciones sociales son hoy mucho más tensas aún, debido a las consecuencias negativas para el empleo y los ingresos de los bajos salarios como consecuencia de la regresión económica, que se nota, y que, obviamente, incide en la vida cotidiana de la gente; del abuso de los empleadores que en el mundo real pagan incluso menos que el salario mínimo tantas veces; de los despidos arbitrarios; y todas esas circunstancias que ahondan frustraciones y generan proyectos de vida no resueltos.

Hay que agregar que, en general, el área de salud mental está pésimamente atendida. La parte del presupuesto que el sector salud le asigna a salud mental apenas supera el 1%, y buena parte de este recurso se destina a los pocos grandes hospitales especializados, sobre todo en Lima, y de los que apenas uno, el Instituto Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, tiene un nivel aceptable.

El abandono de los cientos de miles de peruanos con problemas de salud mental, leve o grave, y sus familiares, es condenable. El incremento de la violencia intrafamiliar, y social en general, es una de las consecuencias de todo esto. Mientras que el tratamiento adecuado podría devolverlos a a la sociedad como ciudadanos plenos.